Educación y Estado
La creación del Estado social de Derecho en el devenir de la historia, a pesar de los intentos liberales por mantener la estructura de un Estado mínimo, supone la introducción de consideraciones de justicia y de redistribución de la riqueza a las funciones tradicionales adoptadas por los Estados desde el Renacimiento. Esta capacidad de intervención moral de los Estados -el Estado con personalidad moral (García Cotarelo, 1992: 370)- para corregir los fallos e insuficiencias propios de una economía de libre mercado da pie para que éstos asuman también como función la provisión de bienes sociales. Los Estados, que no han tenido -ni tienen como objetivo contraponerse al sistema económico con el que coexisten, adoptan, en consecuencia, el cometido de la socialización laboral de los individuos ante el desarrollo industrial, primero, y tecnológico, después.
Por otra parte, resulta igualmente significativo señalar que la creación de los Estados estimuló la organización de la acción colectiva y la estructura social como medio para formar miembros de una sociedad con identidad nacional. Así, desde el siglo XIX, todos los países han ido procurando una escolarización masiva con carácter obligatorio sujeta a una autoridad nacional, que ha dado como resultado un isomorfismo ideológico y organizativo entre las escuelas -escolarización masiva- y el Estado (Ramírez y Ventresca, 1992: 135).
«La escolarización masiva ha sido la alquimia que ha producido la transformación de masas transnacionales en ciudadanías nacionales.»
De este modo, teniendo en cuenta estas consideraciones, parece lógico pensar que la teoría del capital humano, que basa la riqueza de las naciones en la cantidad y calidad de la población, se insertara con facilidad en los países occidentales. La educación institucionalizada desempeñaba la misión de formar personas nacionales y servía como inversión productiva y rentable, ajustando la oferta escolar a las necesidades de una economía cada vez más compleja.
La teoría del capital humano trajo consigo no sólo que Educación y Estado quedaran vinculados, sino que, también, debido a las necesidades de expansión económica, ligada a la importancia creciente de la ciencia, determinaran un tipo de unión y no otro. De una u otra forma, el Estado toma la responsabilidad de la Educación y de su destino, aunque éste no sea libremente ejercido.
El Estado, al tomar el poder político de la Educación -como dirección de la acción política y como autoridad, esto es, como creador y ejecutor de la política educativa (Angulo, 1994)- no tiene más remedio que atender los intereses y las propuestas de cada uno de los tres vértices del triángulo constitutivo de la sociedad capitalista occidental: el capital, la sociedad civil y el propio Estado. Desde luego, estos tres entes no poseen la misma capacidad de influencia y de poder, como luego observaremos. Pero, al fin y a la postre, en la escuela como institución, confluyen tres tipos diferentes de socialización: una socialización económica (Fernández Enguita, 1990); una socialización civil, cultural, y una socialización, como ya expresamos anteriormente, nacional. Ninguna de las tres tiene un comportamiento estable, homogéneo, lineal, unívoco, sino que, por contra, están sujetas a contradicciones, contingencias, polisemias y, por supuesto, a interrelaciones complejas.
Sin embargo, insisto, las tres fuerzas de presión no son igualmente poderosas. En los Estados modernos, incluso en su cristalización más progresista -el Estado del Bienestar- no se cuestiona el capitalismo, sino, más bien, se asegura la función económica que favorece el crecimiento del capital privado, aunque también se pongan en marcha políticas sociales que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población más desasistida y, en consecuencia, a asegurar la armonía social. Quiero decir con esto que el Estado tiende a identificarse más con el capital; y este reconocimiento es aún mayor en tiempos de crisis económica (Fernández Enguita, 1986).
A pesar de que los comportamientos y tradiciones en política educativa de las distintas naciones son diferentes-en Estados Unidos y Gran Bretaña la Educación responde esencialmente a una iniciativa privada, mientras que en el continente europeo la iniciativa parte del Estado-, la respuesta actual más generalizada (incluida la de los países anglosajones) es que el capital no puede asumir la educación. Además de que para el capital esta asunción tendría más coste que beneficio, la educación necesita homogeneización para servir con mayor efectividad a la expansión económica y para cubrir, al mismo tiempo, las demandas de la sociedad civil (progreso social, igualdad de oportunidades, etcétera) y del propio Estado.
